Autor: Mario Fernández, miembro de OSALDE y el Foro Vasco por la Salud

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El TTIP puede suponer una auténtica amenaza para la salud y para los sistemas sanitarios que a día de hoy hemos logrado. El Sistema Nacional de Salud (SNS) que hoy conocemos, con todos sus problemas, está reconocido a nivel internacional como uno de los mejores y más eficientes del mundo. En el Estado Español, Osakidetza tiene un reconocido prestigio en este sentido. Los expertos coinciden en que “los sistemas sanitarios universales, con propiedad y gestión públicas y basados en la Atención Primaria son los que ofrecen mejores resultados en salud y también son los más eficientes, equitativos y humanos”.

El Acuerdo Transatlántico para el Comercio e Inversión (TTIP) entre la UE y los EEUU, en proceso de negociación desde julio de 2013, pretende instaurar el mayor “mercado libre” del mundo entre ambos bloques económicos, con más de 800 millones de potenciales consumidores, eliminando las barreras arancelarias y homogeneizando (a la baja) aquellas leyes de protección social, laboral o medioambiental más estrictas y con mayor contenido social en Europa, que pueden suponer un “obstáculo al libre comercio” entre EEUU y la UE.

Algunos de los puntos más conflictivos que se están debatiendo y negociando, por cierto con total secretismo y falta de transparencia, son la posible entrada de productos transgénicos, a la UE, fracking, la regulación de los derechos laborales o los efectos en el sector sanitario.

El Acuerdo Transatlántico para el Comercio e Inversión (TTIP) entre la UE y los EEUU, en proceso de negociación desde julio de 2013, pretende instaurar el mayor “mercado libre” del mundo entre ambos bloques económicos, con más de 800 millones de potenciales consumidores, eliminando las barreras arancelarias y homogeneizando (a la baja) aquellas leyes de protección social, laboral o medioambiental más estrictas y con mayor contenido social en Europa, que pueden suponer un “obstáculo al libre comercio” entre EEUU y la UE.

Algunos de los puntos más conflictivos que se están debatiendo y negociando, por cierto con total secretismo y falta de transparencia, s on la posible entrada de productos transgénicos a la UE, la regulación de los derechos laborales o los efectos del sector sanitario.

Respecto a los riesgos que la firma del tratado puede conllevar en relación con los servicios de salud hay que decir que al liberalizar el comercio y la inversión por parte de las grandes corporaciones multinacionales se facilitaría la implantación de empresas aseguradoras privadas de los Estados Unidos en los países miembros de la Unión Europea, profundizando en la línea de privatización emprendida en los últimos años en el estado español, especialmente en algunas comunidades autónomas como la madrileña, la valenciana, la catalana y la gallega.

Los Sistemas Públicos de Salud europeos serían un mercado abierto a la participación de empresas estadounidenses. Las empresas transnacionales pretenden con esta iniciativa acceder al “pastel sanitario público” de los países europeos para obtener grandes beneficios en un momento en que tienen dificultades para hacer negocio en otros sectores.

El neoliberalismo, que ve como una mercancía más la salud, la educación y los servicios sociales, propone acabar con la gestión pública de estos sectores privatizándol a, utilizando argumentos falaces como la mayor eficiencia de la gestión privada.

El lobby de la industria farmacéutica es uno de los más poderosos del mundo y tiene gran interés en la aprobación del TTIP, que le permitiría aumentar sus beneficios a expensas de poner en riesgo la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos, que ya hoy día enfrentan enormes dificultades para sufragar el coste de los fármacos patentados. De hecho el gasto en farmacia es ya uno de los principales problemas del SNS: nuestro gasto en medicinas es casi el doble que en la UE .

La farmacéutica es una de las industrias con mayores beneficios tanto en EE.UU. como en Europa, y según las Naciones Unidas el tercer sector económico mundial tras el comercio de armas y el narcotráfico. El TTIP fortalecería aún más la posición de la poderosa industria farmacéutica, que podría imponer medidas favorables a sus intereses: prolongar las patentes de los fármacos, retrasar la entrada de genéricos en el mercado, reducir los requisitos para sus patentes, controlar las agencias estatales de evaluación de medicinas y tecnología sanitaria, conseguir mayor influencia en los organismos estatales que fijan las políticas de precios, apropiarse del control de los ensayos clínicos de nuevos fármacos, etc.

Se dificultaría así el acceso de la población a los medicamentos, especialmente en momentos de crisis; aumentaría la irracionalidad del sistema, y se vería afectada la salud de la población, aumentado la morbimortalidad.

Las empresas del sector sanitario y farmacéutico se encuentran entre las que más presión han ejercido durante la redacción del TTIP. Como ejemplo del trascendente papel de las multinacionales en el desarrollo del TTIP, hay que decir que, de las reuniones que la Comisión Europea mantuvo para preparar las negociaciones, el 92% fueron con lobbies empresariales privado s, sólo el 4% con grupos de defensa del interés público y otro 4% con expertos universitarios y administraciones públicas.

Aunque el Parlamento Europeo instó a primeros de 2016 a la Comisión Europea que es la que está negociando el TTIP, a excluir los servicios públicos más sensibles, como la sanidad, de dicho tratado, los comisarios europeos, que únicamente han negociado el tratado con los lobbies empresariales a espaldas de los parlamentos elegidos democráticamente, tienen la última palabra y es poco probable que tomen en cuenta la recomendación parlamentaria.

Para colmo el Tratado haría imposible dar marcha atrás en las decisiones de privatización o en las limitaciones de beneficios a las multinacionales, en base al llamado “mecanismo de solución de controversias entre inversores y estados” (ISDS) que resolvería las disputas entre empresas y Estados en base a un “tribunal de arbitraje internacional” de carácter privado , que actuaría cuando las compañías reclamen compensaciones económicas por decisiones que afecten a las patentes, genéricos o controles de precios que reduzcan su negocio, exigiendo compensaciones millonarias en base al “lucro cesante” (el dinero que dejarían de percibir en unos negocios tan jugosos).

 

 

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